"EN PIE DE PAZ, por el fin de la violencia contra los movimientos sociales"

Seguimiento de los procesos penales y administrativos derivados de los hechos

El día 26 de Noviembre de 2000 la RCADE convoca una manifestación en Madrid a la que acuden unas 2000 personas para reclamar al Gobierno la Abolición de la Deuda Externa. Paralelamente el equipo estatal de acciones lleva a cabo una acción directa no violenta, se intenta colgar una pancarta en las puertas del Congreso de los Diputados mientras unas 400 personas se sientan en las escaleras y resisten pacíficamente la llegada de la policía.

La carga policial es, según palabras del Ministro del Interior, "desproporcionada"; los porrazos, patadas, insultos y golpes en la cabeza se prolongan, en un intento de provocar la retirada o la respuesta violenta por parte de los manifestantes, pero ninguna de las dos se produce. Según reconocen las multas que nos imponen y se puede constatar en los vídeos y fotografías que se tomaron, los manifestantes permanecen en actitud no violenta y no responden a las agresiones de la policía.

Resultados de esta acción fueron: La detención de 7 personas a las que se abre un proceso penal A estas mismas 7 personas se les sanciona administrativamente (multas) Más de 200 manifestantes resultan heridos Se sanciona a otras 2 personas; curiosamente ni durante la acción, ni después, ni a lo largo de las movilizaciones de ese fin de semana la policía les pidió la documentación; por tanto no se les identificó legalmente, aún así la sanción llega a sus casas y con sus datos completos. (¿?)

Las acusaciones: Las 7 personas detenidas son acusadas de "atentado contra la autoridad" y se les abre un proceso penal. Se les abre un proceso administrativo por los mismos hechos; las multas ascienden a 200.000 pesetas. Las 2 personas que no fueron identificadas por la policía, son acusadas de "correr arriba y abajo en la manifestación" "proferir gritos a favor de la Abolición de la Deuda Externa" e "instigar a los otros manifestantes a resistir pacíficamente los golpes y posibles insultos de la policía". Total: 200.000 pesetas cada uno.

Nuestra respuesta: La RCADE responde legalmente a las acusaciones a través de dos abogados y en la calle convocando una concentración pacífica.... 58 manifestantes apoyados por los partes de lesiones interponen otras tantas denuncias contra la policía por agresiones. Se recurre la existencia de dos procesos abiertos (penal=juicio + administrativo=multa) contra las mismas personas (los 7) por los mismos hechos, no se admite el recurso. Se recurren las sanciones los 2 miembros de RCADE no identificados, tampoco se admiten y las multas siguen vigentes. Convocamos una concentración el viernes siguiente a los hechos en la C/Preciados bajo el lema "Contra la violencia en el Congreso y por la Abolición de la Deuda Externa."

La concentración: El día 1 de Diciembre de 2000 la RCADE convoca una concentración pacífica en la C/Preciados de Madrid para denunciar públicamente la agresión que sufrieron 200 personas en las escalinatas del congreso y para reiterar su apuesta por la no violencia. Se elige esta calle por ser una zona peatonal y en ningún momento se impide el paso de los viandantes. La policía en ningún momento se acerca a la concentración, ni hablan con ningún miembro de RCADE.

Cuando el recital termina, varias personas ayudan a recoger los materiales y es entonces cuando miembros de la policía secreta piden la identificación a 4 de ellas. Argumentan que "los palos de las pancartas (algunos varillas de plástico del grosor de un bolígrafo) pueden ser utilizadas como armas."

Resultado de todo esto: Se abren procesos administrativos contra 4 personas, 3 de las cuales NO son miembros de RCADE. Se les acusa de “Manifestación ilegal” (no fue una manifestación, fue una concentración) y de “ser miembros destacados” de esta red. Las multas ascienden a 200.000 pesetas cada una.

A día de hoy: Los abogados han seguido recurriendo las multas (las 7 + 2 del Congreso y las 4 de la concentración de Preciados): Tras ignorar el primer recurso, se admite en el segundo que no pueden mantenerse abiertos procesos administrativos y penales a las mismas personas por los mismos hechos ( son los 7 detenidos del Congreso) y se paralizan – no se retiran- las multas. Las multas a las otras 2 personas han sido sobreseídas, también tras dos recursos. Se admite que no se produjeron desordenes públicos y que no fueron instigadores de nada, pero tras reconocer esto e inexplicablemente se les sanciona con 25.000 pesetas. Posteriormente, tras recurrir ambas multas al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, el juzgado retira una de estas multas. El resultado de la otra sentencia aún no ha sido emitido.

El segundo recurso contra las multas de las 4 personas de la concentración Preciados es admitido y se retiran las multas. Las denuncias por agresiones de los manifestantes contra la policía están siendo distribuidas por diferentes juzgados de Madrid, el abogado intenta que todas sean admitidas en uno sólo para que se juzguen juntas. El día 25 Mayo se presentaron juntas las 40 de personas que no son de Madrid.

En resumen: 6 personas están a la espera de juicio y con un proceso sancionador paralizado, si bien todo parece mostrar que dichos procesos van a ser archivados. Sigue vigente una de las multas de 25.000 ptas (a menos que la decisión del Tribunal considere que no hay que pagarla). Se están gestionando las denuncias de 58 personas contra la policía. El abogado ha realizado 14 recursos y otras muchas gestiones que se están cubriendo con fondos de la caja de resistencia. Los enjuiciados están siendo llamados a declarar. Seguimos sin ser escuchados por el Gobierno.


JUICIO A UNO DE LOS DETENIDOS EN LA ACCIÓN NO VIOLENTA EN EL CONGRESO

Mientras la RCADE seguía sin tener noticias nuevas del proceso abierto contra la Policía, uno de los detenidos el 26 de noviembre fue convocado a juicio. Se le acusaba de atentado contra la autoridad y lesiones contra un policía nacional. El fiscal pedía dos años de cárcel y 210.000 ptas. de multa.

El juicio tendría que haber tenido lugar el 21 de mayo. Sin embargo, por incomparecencia de los testigos de la acusación, todos ellos policías, el juicio fue suspendido. En dicha ocasión, la defensa solicitó que la juez se pronunciara sobre cuántos testigos de la defensa iba a aceptar y quiénes serían. Asimismo, se le pidió que dijera si el video que las agencias informativas habían grabado a las puertas del Congreso iba a ser admitido como prueba. La juez no quiso responder a ninguna de estas cuestiones, lo que supuso, en especial en el primer caso, un grave perjuicio para la RCADE, ya que reducía el número de testigos disponibles. En efecto, muchas personas que habían presenciado a los hechos no podían testificar. Al no habérseles convocado oficialmente al juicio, no tenían la posibilidad de pedir el permiso correspondiente para faltar ese día al trabajo. Asimismo, los testigos que podía presentar la defensa se reducían ahora a las personas que residían en Madrid: muchas personas procedentes de otros puntos del Estado encontraban grandes dificultades para ausentarse de su trabajo y desplazarse tantos kilómetros sin tener ninguna seguridad de que la juez iba a aceptarlos como testigos.

Ese mismo día, unos minutos antes de la hora prevista para el juicio, ante las puertas de los Juzgados de la Plaza de Castilla un grupo de integrantes de la RCADE realizaron una acción simbólica denunciando la indefensión a la que se ven abocados los movimientos sociales ante la represión que sufren los colectivos que luchan por una sociedad más justa. "Desnudos antes, desnudos ahora" era el lema que guiaba la acción simbólica, queriendo señalar con esta expresión la similitud entre lo vivido durante la violenta carga policial en el Congreso y lo sucedido en este momento. Para la espectacular acción, los miembros de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) usaron sus propios cuerpos desnudos sobre los que llevaban pintados lemas alusivos a la libertad de expresión.

El 9 de julio era la nueva fecha para el juicio. Esta vez los testigos de la acusación sí que estuvieron presentes. No obstante, no podría decirse que el juicio se celebró con normalidad: la juez había pedido protección policial y varios miembros de la Guardia Civil, armados con porras y pistolas reglamentarias, estaban dentro de la sala. Esta actitud sorprendente por parte de la magistrada resultaba inquietante: ¿tenía la juez una opinión previa sobre el juicio antes de escuchar a los testigos?, ¿no suponía la solicitud de protección una desconfianza, si no una animadversión, frente al acusado y la RCADE? Por otra parte, éste no fue el único hecho que evidenciaba un ambiente tenso desde los inicios: a pesar de que quedaban asientos vacíos, sólo a una pequeña parte de las personas que quisieron presenciar el juicio se les permitió entrar; asimismo, ya comenzada la vista, la juez ordenó expulsar de la sala a uno de los presentes debido a su indumentaria (tal vez se refería -la magistrada no llegó a aclararlo- a su pantalón corto).

Durante el juicio, pudo evidenciarse la falta de solidez de los testimonios de la Policía. Sólo uno de los testigos, el que decía haber sufrido la lesión, dijo poder identificar al supuesto agresor. El resto confesó que no había visto nada. Por otra parte, ninguno de los policías presentes reconoció haber usado las porras contra los manifestantes, a pesar de la evidencia de lo contrario, tal y como se muestra en las imágenes grabadas en vídeo por EFE y Europa Press. Asimismo, uno de los interrogados confesó que había sido apartado del servicio a raíz de las imágenes transmitidas por la televisión. Por otra parte, los testigos de la acusación alegaron que, antes de la carga policial, intentaron por todos los medios disuadir a los manifestantes rogándolos amablemente que se fueran, algo que de nuevo desmienten por completo las imágenes grabadas por las agencias informativas. Incluso, ante la pregunta de si los manifestantes habían actuado con violencia, llegaron a decir que sí ya que se agarraban muy fuertemente entre ellos al intentar separarse: es evidente que agarrarse fuertemente al compañero o a la compañera mientras se corean lemas a favor de la libertad de expresión no es un acto violento, y mucho menos una agresión contra los agentes, sino un acto de resistencia pasiva, de resistencia pacífica, no violenta. No obstante, a pesar de la escasa credibilidad de estos testimonios, la sentencia consideró culpable al acusado y aceptó íntegramente la pena solicitada por el fiscal.

No puede hacerse una valoración cabal de esta sentencia si no se tienen en cuenta determinados hechos acaecidos durante el juicio. Mientras que la juez aceptó todos los testigos de la acusación, en cambio, sólo dejó hablar a dos de los testigos de los 10 que presentó la defensa, lo cual supone un evidente perjuicio para el acusado. Por otra parte, y lo que es quizás aún más significativo, rechazó como prueba el video grabado por Europa Press y Agencia EFE, argumentando que era un documento político y no neutral (no obstante, cabe preguntarse qué interés podrían tener estas agencias en mostrar como culpables a los agentes del cuerpo de antidisturbios, ya que fueron ellas y no la RCADE quienes grabaron el video). Unas imágenes, que habían llevado al entonces Ministro del Interior a considerar la actuación policial como desproporcionada (el acta de Congreso correspondiente tampoco fue aceptada como prueba), unas imágenes que hicieron que uno de los policías fuera apartado del servicio, habían sido rechazadas sin más por la magistrada, que no quiso verlas.

Llama la atención el hecho de que la sentencia considere que la defensa no pudo probar "una supuesta extralimitación abusiva de los agentes de Policía Nacional en el ejercicio de su autoridad", cuando precisamente las imágenes grabadas en video son la mejor muestra de ese abuso por parte de los agentes: en efecto, las imágenes dan fe de una actitud extraordinariamente violenta por parte de la policía y no muestran ni un solo indicio de violencia en la actitud de los manifestantes. No sorprende, por tanto, que la juez emita esta sentencia cuando se rechazan las pruebas que precisamente podrían mostrar la inocencia del acusado y el carácter no violento de la acción.

Ante estos hechos, la RCADE ha decidido recurrir la sentencia por considerarla injusta tanto en su resultado como en sus procedimientos, ya que no se nos ha tratado con imparcialidad desde el mismo momento en el que se han rechazado pruebas vitales para el juicio y se ha producido un trato desigual que nos perjudica en lo que respecta a los testigos. Por otra parte, no podemos dejar de constatar que se ha actuado con mayor rapidez contra uno de los manifestantes que contra los policías implicados, a pesar de que las pruebas que inculpan a estos últimos son evidentes.

Asimismo, al igual que los cientos de apoyos estatales e internacionales que hemos recibido de personas y colectivos de todo tipo, al igual que se muestra en el gran número de firmas recogidas, exigiendo la total absolución del acusado, la RCADE considera que la sentencia es también una sentencia contra la libertad de expresión y contra la posiblidad de construir un mundo más justo. Consideramos además muy grave que, más allá de las irregularidades del juicio, se pueda condenar a dos años de cárcel a una persona por participar en una manifestación no violenta. Resulta sumamente inquietante que la prisión sea el lugar reservado para alguien que sólo quería dejar oír su voz por una causa justa y solidaria como es la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos.

CAJA DE RESISTENCIA

2038 - 2801 - 49 - 6000080770