Consulta Social para la Abolición de la Deuda Externa
Un ejercicio local de Democracia Participativa

Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa

En este documento, la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), presentamos un resumen muy sintético de lo que ha sido la Consulta Social celebrada los días 12 y 19 de marzo en el estado español. Se presenta el proceso que condujo a la Consulta, un balance de resultados y la identidad y los objetivos actuales de la Red Ciudadana. Toda la información está disponible en la web http://www.consultadeuda.org/.

ANTECEDENTES

Septiembre de 1998. Jubileo 2000 España presenta oficialmente la campaña "Deuda externa ¿deuda eterna?" con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre la realidad de la deuda externa y promover una recogida de firmas con peticiones concretas al gobierno español sobre esta cuestión.

Octubre de 1998. La Plataforma 0,7 asume el compromiso de promover una campaña que genere debate sobre la problemática de la deuda externa. Se suscribe a la campaña "Deuda externa ¿deuda eterna?" promovida por Jubileo 2000, pero se pretende profundizar el debate sobre las causas estructurales de la pobreza y provocar la movilización social.

Enero de 1999. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanza un llamamiento a la movilización, en México y en el mundo, por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y por el fin de la guerra de exterminio. Uno de los elementos importantes de esta movilización es la realización de una consulta a todos los mexicanos y mexicanas, donde quiera que se encuentren, sobre la iniciativa de ley indígena de la Comisión de Concordia y Pacificación.

Marzo de 1999. Se constituye la Plataforma por la Abolición de la Deuda Externa Usurera (ADEU) en Catalunya, fruto de las "Jornadas de debate sobre la Deuda Externa" celebradas en Barcelona el mes anterior. De ella más tarde se adoptará el logo.

Abril de 1999. La Plataforma 0,7 de Lleida propone como acción central de campaña la realización de una Consulta Social por la cancelación de la deuda externa. Se plantea la realización de una experiencia piloto en la ciudad de Lleida coincidiendo con las elecciones municipales y europeas del 13 de junio.

13 de Junio de 1999, Consulta Social de Lleida. La Consulta demuestra una gran capacidad de convocatoria, con un gran efecto mediático y de debate social. La Junta Electoral Provincial se había inhibido de intervenir por considerar que la Consulta no era un acto electoral y por tanto quedaba fuera de su competencia.

Septiembre de 1999. Se inicia una gran campaña de contacto con todo tipo de redes sociales, para presentar los resultados de la Consulta en Lleida y proponer la realización de una consulta a escala estatal.

18 de Octubre de 1999. Se adopta la decisión de promover la Consulta en Catalunya. Después de un largo proceso de debate la Plataforma por la Abolición de la Deuda Externa Usurera (ADEU) de Catalunya acaba por asumir la promoción de la Consulta Social. Fue una decisión conflictiva porque fue adoptada por mayoría pero con posiciones claramente confrontadas. Fue una decisión importantísima porque supuso la incorporación a la Consulta de un equipo humano que ha sido la clave en Catalunya y muy importante en el conjunto del Estado.

22 y 23 de octubre 1999, Asamblea estatal de la Plataforma 0,7 (Getafe). La Plataforma aprueba sus documentos y líneas básicas para la organización de la Consulta Social y se convoca el Primer Encuentro Estatal de lo que será la RCADE. La Plataforma 0,7 decide integrar todas sus estructuras de trabajo en la organización de la Consulta.

27 de Noviembre de 1999, I Encuentro de la Red Ciudadana (Madrid). Se constituye la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) y se lanza oficialmente la convocatoria de la Consulta Social coincidiendo con las elecciones generales de fecha aún no concreta. Se establecen los acuerdos generales sobre lo que ha de ser la Consulta. Se acuerda firmar un convenio con la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Catalunya, por el que ésta asume el compromiso de gestionar la Web del proyecto y preparar el sistema para la gestión automática de los procesos de acreditación y gestión de resultados.

30 de Enero del 2000, II Encuentro de la Red Ciudadana (Madrid). La Consulta Social es ya un proyecto consolidado e imparable, con presencia en casi todas las regiones del estado. Se confirma que la consulta será el día 12 de marzo y se acuerdan las preguntas y todos los aspectos técnicos y organizativos.

Febrero del 2000. Se produce un proceso masivo de extensión de la Consulta, se acaban de colgar todos los materiales en la web y se habilitan los procesos de acreditación automática.

21 de Febrero del 2000. La Junta Electoral Central, a petición de muchas juntas electorales provinciales y de zona se pronuncia sobre la Consulta Social, en el sentido de considerar que "ésta no podrá realizarse en las proximidades o inmediaciones de los colegios electorales". Este posicionamiento venía precedido por innumerables acuerdos contradictorios de juntas zonales y provinciales, posicionamientos que siguen produciéndose y aumentados por la inconcreción del acuerdo de la Junta Electoral Central.

7 de Marzo del 2000. La RCADE celebra una reunión de emergencia y se pronuncia en el sentido de:

"
a.- Ratificar el carácter asociativo y ciudadano de la red, y su independencia total de las fuerzas políticas que protagonizan el proceso electoral.
b.- Ratificar el carácter no electoral de la Consulta Social, la voluntad de no interferencia en el proceso electoral y su carácter absolutamente pacífico. No admitimos un trato diferenciado de los miles de actividades asociativas y culturales que se realizarán ese mismo día en todas las localidades del estado.
c.- Ratificar el carácter profundamente ético y humano de nuestra reivindicación, de vital importancia para millones de personas.
d.- Denunciar la situación de absoluta arbitrariedad que está amparando los pronunciamientos de las Juntas Electorales.

Ante ello se decide:

- Desarrollar la Consulta Social tal como estaba prevista, o alterándola en aquellos aspectos que la puedan hacer más viable, intentando mantener la presencia de las urnas en la calle todo el día.
- La actitud ese día será de absoluto respeto al proceso electoral, colocándose alejados de los colegios electorales y no dirigiéndose al colegio absolutamente a nada, a no ser en el libre derecho individual al voto electoral.
- Es imposible prever cuál es el escenario que se puede producir en cada localidad, puede depender de muchos factores locales y regionales. En todo caso ha de hacerse todo lo posible por crear en el ámbito municipal un ambiente de confianza y permisividad."

Ese mismo día la Junta Electoral Central emite el siguiente acuerdo.

"ACUERDO. Trasladar a la Dirección General de Política Interior y, mediante circular, a todas las Juntas Electorales provinciales, que, con independencia del juicio que merezca una iniciativa como la que motiva la consulta, esta Junta Electoral Central entiende que los principios de reflexión y de regularidad que deben presidir el acto de votación, impide que en el día señalado para dicho acto de votación puedan celebrarse actos públicos o llevarse a cabo actividades públicas como la que es objeto de la consulta".

La Consulta había sido ilegalizada. Ese mensaje no fue comunicado oficialmente a la RCADE hasta el día 13 de marzo del 2000, un día después de la Consulta.

OBJETIVOS DE LA CONSULTA SOCIAL

El objetivo principal es la abolición de la deuda externa, objetivo que inspira toda la actividad de la RCADE, más allá de la Consulta Social. Desde un primer momento se concibe la Consulta como un paso importante en esa dirección, pero se concretan unos objetivos específicos que son:

Primero. Sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de la Deuda Externa. Informar y formar sobre la Deuda Externa a toda la opinión pública, demostrando la responsabilidad de los países desarrollados y las repercusiones sobre los países empobrecidos. Impulsar alternativas y soluciones a la realidad actual. Presionar a los partidos políticos y a las instituciones para que tomen posiciones y adquieran compromisos.

Segundo. Realizar una consulta a la opinión pública para conocer la voluntad de la sociedad civil sobre la Deuda Externa y sus posible soluciones. Conseguir la implicación de personas, entidades, asociaciones e instituciones en la realización de la consulta.

Tercero. Democracia participativa. Profundizar en las auténticas raíces participativas de nuestro sistema democrático y fortalecer la capacidad asociativa y reivindicativa de la sociedad civil.

Un cuarto objetivo no explícito, pero sin duda extraordinariamente importante en la capacidad de atracción de la Consulta, es la proclamación del derecho a la utopía y el derecho a soñar.

"Hoy más que nunca nuestra sociedad está necesitada de proyectos y de ilusiones. La democracia no será un producto acabado mientras la justicia, la participación y el sentido social no prevalezcan sobre las ambiciones egoístas, la mezquindad y la apatía. Mientras se confunda bienestar con justicia y desarrollo con crecimiento, mientras nuestra ética no nos rebele contra la pobreza y las causas que la producen, mientras desde nuestros privilegios nos dediquemos a levantar muros y vallas contra los/as desposeídos/as del planeta. Mientras la diversidad y la solidaridad no sean nuestras formas de vida.

Es por tanto esta propuesta, antes de nada, una manera de luchar por la justicia y en defensa del derecho a soñar".

LAS PREGUNTAS

1. ¿Está usted a favor de que el gobierno del Estado Español cancele totalmente la deuda externa que mantienen con él los países empobrecidos?

2. ¿Está usted a favor de que el importe del pago anual de la deuda cancelada se destine por la población de los países empobrecidos a su propio desarrollo?

3. ¿Está usted a favor de que los tribunales investiguen el enriquecimiento ilícito que los poderosos del Norte y del Sur vienen realizando con los fondos prestados, y que esas cantidades sean devueltas a sus pueblos?

LA CONSULTA A LA CIUDADANÍA

El día 12 de marzo, la Consulta Social se desarrolló como si de una batalla se tratara. Una batalla que se libró de manera desigual según el lugar del estado y las instrucciones que la guardia civil y la policía nacional hubieran recibido.

La actitud generalizada en todo el estado frente a la Consulta Social fue la represión y la intimidación, y hay que reconocer que las juntas electorales y las fuerzas policiales consiguieron provocar un daño importantísimo a la Consulta.

De las 489 localidades acreditadas, la Consulta ha llegado a realizarse en 458, por tanto 31 localidades sucumbieron a la acción intimidatoria o represiva de la policía.

De las 489 localidades sólo 264 obtuvieron algún resultado el día 12 de marzo.

En Catalunya, que es donde la Consulta fue menos reprimida, 188 localidades de las 210 acreditadas pudieron obtener resultados y en 27 localidades se volvió a salir con las mesas de votación el día 19 de marzo.

Bastante peor fue en el resto del estado. De las 276 localidades acreditadas, sólo 76 pudieron recoger resultados, en muchos casos parciales. Las 200 localidades restantes no llegaron a montar las mesas de votación, o fueron desmontadas apenas sin resultados significativos, por lo que la Consulta se repitió el 19 de marzo en la mayor parte del Estado.

Los efectos de la represión siguen dejándose sentir varios meses después. Los procesos judiciales abiertos siguen su curso y las citaciones a declarar o a juicio se repiten, seguidas de procesos de autoinculpación masiva de personas de la RCADE.

RESULTADOS NUMÉRICOS DE LA CONSULTA SOCIAL

Resultados:

Los resultados de la Consulta Social para la abolición de la deuda externa están siempre disponibles en la web http://www.consultadeuda.org/, tanto en lo relativo al tipo de votante (mayor de edad, entre 16 y 17 años, inmigrante con o sin papeles) como a los resultados de las tres preguntas que se formulaban.
  • La práctica totalidad de los votantes han sido residentes mayores de 18 años (96,1%). Por otro lado, 26.133 personas entre 16 y 17 años aprovecharon la oportunidad de participar que se les brindada, lo que supone un 2,4% de los votos.
  • 15.925 inmigrantes participaron en la Consulta, 10.413 con papeles y 5.512 sin ellos. En conjunto, el voto de los inmigrantes representa un 1,5% del voto total.
  • Al ser tan escaso el voto de menores de edad y de inmigrantes, se hace difícil apreciar diferencias en su distribución por el conjunto de municipios acreditados. En cualquier caso, sí se detectó mayor presencia de voto de inmigrantes en municipios como Barcelona - Ciutat Vella, con participaciones superiores al 5% de los votos emitidos.
  • Entre un 97% y un 98% de los participantes en la Consulta respondieron "Sí" a las preguntas que se formulaban. Tanto el "No" como el voto en blanco tienen una presencia muy escasa.
  • Se percibe permanentemente una mejor predisposición a la segunda pregunta, que es la que obtiene respuestas más positivas; aunque en algunos municipios fue la tercera la que tuvo los índices más altos. La primera fue la que más votos en contra obtuvo, sobre el 2%, quizás por estar formulada de forma tan tajante.
  • Los resultados fueron muy similares en todos los municipios donde se celebró la Consulta Social.

Participación:

La participación se ha determinado a partir del número total de papeletas recogidas, así como de la relación entre participantes en la Consulta y electores a las elecciones generales del 12 de marzo.
  • 1.087.792 ciudadanos del estado español participaron en la Consulta. En relación con el censo electoral del conjunto de municipios acreditados, esta cifra representa un 6,7%.
  • Pese a todo, y debido a la gran cantidad de incidentes sucedidos el día 12 de marzo, así como la menor participación que hubo el fin de semana siguiente, hace que este porcentaje no se pueda considerar como representativo. En este sentido los valores más representativos son los de Catalunya y realizando el cálculo en base a aquellas poblaciones que no sufrieron incidentes ese porcentaje se sitúa en el 13,8%.
  • Si este porcentaje se aplica al conjunto de la población censada cubierta por la Consulta, se obtiene una cifra estimada de participantes en la Consulta de 2.224.714. De todas maneras, se trata siempre de una aproximación.
  • Las participaciones más altas se han dado en municipios pequeños, llegando a superar el 50% de los electores; en Tuixén, Lleida, llegó ha haber más participación en la Consulta Social que en las elecciones generales. Sant Cugat del Vallés (Barcelona) destaca por ser el municipio de más de 50.000 habitantes con una mayor participación, ya que en esta localidad aproximadamente uno de cada tres electores participó en la Consulta.
  • Las provincias que recogieron un mayor número de votos fueron Barcelona, Madrid, Las Palmas, Bizcaia y Girona.
  • Si la participación se mide a partir del % de censo, las provincias con mayor índice de participación son Badajoz, Teruel (una única población), Lleida y Barcelona.

Implantación:

En este análisis de la implantación de la Consulta en el Estado español se ha utilizado como indicador el porcentaje de municipios cubiertos y el de electores que viven en los municipios acreditados.
  • La Consulta Social se realizó en 458 municipios de todo el estado.
  • Los municipios acreditados representan un 5,7% del estado y agrupan a un 48,8% del censo electoral. Por tanto, la implantación de la Consulta ha sido especialmente fuerte en las zonas donde se concentra la población. Concretamente, en Barcelona se cubrió el 91,1% de los electores y en Madrid el 86,8%.
  • Las provincias donde se ha cubierto un mayor porcentaje del censo electoral son Barcelona, Madrid, Araba, Zaragoza, Palencia, Valladolid, Las Palmas y Girona.
  • Las únicas provincias donde no se ha realizado la Consulta en ningún municipio son Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Baleares, Cantabria, Cuenca, Guadalajara, Ourense y Soria.
  • La Consulta ha estado presente en 37 de las 52 capitales de provincia (71%).

RESULTADOS NO CUANTIFICABLES

La Consulta propició una gran movilización social de dimensiones con escasos precedentes en este país. Más de 3.000 personas estuvieron trabajando durante meses para hacerla posible, unas 20.000 participaron los días 12 y 19 de marzo en su realización y casi 1.100.000 expresaron su opinión votando.

Se realizaron miles de actividades sobre la deuda externa y sobre la consulta (actos en la calle, manifestaciones, charlas, debates, asambleas, etc). En los meses, y más intensamente en las semanas previas a la Consulta, en las localidades donde ésta se organizaba se desarrolló una actividad social tan intensa que acabó concentrando el trabajo de buena parte del movimiento social y asociativo.

La Consulta también se trasladó a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) locales y regionales, sobre todo en las semanas previas a la Consulta. Sin embargo los medios de ámbito estatal se han caracterizado por una ocultación deliberada y consciente de la Consulta Social, y por tanto han contribuido a la desinformación de los ciudadanos respecto a lo que en realidad estaba ocurriendo en la calle. Lo ocurrido da pie a un debate que reclamamos, sobre la libertad de expresión y sobre la independencia y la ética en los medios de comunicación. Es muy preocupante para la sociedad que los medios redunden en instrumentos de manipulación al servicio de intereses económicos y políticos.

La Consulta ha demostrado la incapacidad en las altas esferas del poder para entender los principios más elementales de la democracia participativa. Se teme a los ciudadanos cuando éstos hablan y se movilizan, y por ello se ha respondido a la consulta desde el miedo y con la represión, amparándose en la fuerza y no en el diálogo. Salvo honrosas excepciones, principalmente en Catalunya, la Consulta fue desmontada por las fuerzas policiales.

También en algunas organizaciones y en las altas jerarquías de la Iglesia se ha dado ese fenómeno de desconfianza y temor a la participación y movilización ciudadana. Hemos de citar con tristeza los intentos de boicotear la Consulta de algunas directivas de organizaciones y algunos obispos que, desde sus posiciones de privilegio y poder, llamaron a la desmovilización y a la no participación.

Se abre aquí también un amplio espacio de debate sobre la democracia. ¿Cómo es posible que se llegue a una situación en que plenos de ayuntamientos apoyen por unanimidad la realización de la Consulta y las fuerzas de seguridad, siguiendo directrices de la Junta Electoral Central, la desmonten contra la posición de alcaldes y ciudadanos? ¿Cómo es posible que pese a la colaboración y participación activa en la Consulta de muchos de sus miembros y socios, las directivas de organizaciones que se supone trabajan por la condonación de la deuda externa y para paliar los efectos de la pobreza en el mundo se nieguen a suscribirse y a colaborar con ella? ¿Cómo es posible que, pese a la gran implicación y compromiso con la Consulta de muchas personas vinculadas a organizaciones cristianas de base, algunos obispos la rechacen y la pretendan deslegitimar? ¿Cómo es posible que varios de los "Padres de la Constitución", jueces, profesores y catedráticos de derecho se pronuncien a favor de su realización y la Junta Electoral Central llegue incluso a ilegalizarla? Y finalmente, ¿cómo es posible que en unos municipios la Consulta se desarrolle sin problemas y con la total aceptación de las autoridades locales y en otros se desmantele y se llegue incluso a citar judicialmente a algunos organizadores?

La Consulta no es un acto electoral ni entorpece el normal funcionamiento de una jornada electoral, como ha quedado demostrado en cientos de municipios donde se realizó libremente. Por contra, la Consulta es un acto de democracia participativa sin precedentes en nuestro país y en la lucha por la justicia y la solidaridad entre los pueblos.

Con todo ello, la Consulta ha supuesto un elemento importantísimo de cohesión social ya que más de 1.400 colectivos ciudadanos de todo tipo la apoyaron y colaboraron en ella en los diferentes ámbitos locales, regionales y estatales. Por todo ello, ha generado nuevas esperanzas en amplísimos colectivos de ciudadanos y en buena parte de la sociedad, y ha propiciado la consolidación de la Red Ciudadana como instrumento para la acción social, de lucha por la justicia en un contexto global y para la conexión del trabajo local con las luchas internacionales. Esperamos que la Red sea capaz de responder a ese reto, lo estamos necesitando.