Denuncia sobre desarrollo
y pobreza
Según el Informe Sobre Desarrollo
Humano de 1998 del PNUD (Programa de Naciones Unidas Para
el Desarrollo) la economía mundial ha doblado su producción
en los últimos 25 años, ha crecido a un ritmo
de un 3.06 por ciento anual, mientras la población
lo ha hecho a un ritmo de un 1.6 por ciento, como consecuencia
los recursos disponibles por persona han aumentados en un
38 por ciento. Nuestra percepción seguramente será
que el crecimiento ha sido mucho mayor, que los recursos disponibles
se han multiplicado varias veces, y que ahora se vive mucho
mejor que antes, es una percepción engañosa,
en los países desarrollados la renta media per cápita
ha crecido en un 60 por ciento en ese período.
La evolución de la renta es peor cuanto
más pobres son los países, en el conjunto de
países en desarrollo la renta ha crecido en un 75 por
ciento en los últimos 25 años, pero en el conjunto
de los países más pobres esto no ha sido así,
las economías han ido de mal en peor, la población
se ha multiplicado, se ha producido un deterioro continuado
de las condiciones de vida y un aumento de la población
que vive en condiciones de extrema pobreza, la renta per cápita
ha disminuido a un ritmo negativo de un –0,3 por ciento
anual.
Pero la escasez de recursos o de crecimiento
no es suficiente para explicar la situación de pobreza
en la que vive la mayor parte de la población del planeta,
la falta de equidad en la distribución de la riqueza
producida es sin duda la causa principal. 4.160 millones de
personas, el 75 por ciento de la población del planeta,
vivía en 1995 con el 17 por ciento de los recursos.
En los países industrializados la renta media del 20
por ciento de la población más rica, es siete
veces mayor que la del 20 por ciento más pobre, lo
que lleva a más de 200 millones de personas a vivir
en condiciones de exclusión social.
En los países en desarrollo esta falta
de equidad es aún más grave porque coloca a
la mayor parte de la población del planeta en la más
completa desprotección y desatención. Situaciones
como las de Brasil son comunes, el 20 por ciento de la población
concentra el 68 por ciento de la renta nacional, mientras
la mayor parte de la población es excluida del proceso
de desarrollo, casi un 30 por ciento de la población
vive con menos de un dólar diario y el 24 por ciento
no tiene acceso a agua potable. En los 44 países clasificados
como de desarrollo humano bajo, entre los que se incluye la
India, la renta media no alcanza a un dólar diario,
más del 50 por ciento de la población es analfabeta,
el 41 por ciento no tiene acceso a agua potable, el 48 por
ciento no sabe que son los servicios sanitarios, y casi el
60 por ciento vive sin saneamientos.
Algunos datos presentados por el informe
del PNUD resultan en un verdadero atentado contra la ética
y la más básica dignidad humana, las 222 personas
más ricas del planeta poseen los mismos recursos que
la mitad de la población mundial (situada en 5.930
millones en 1998) y las tres personas más ricas poseen
los mismos recursos que los 48 países más pobres
del planeta, es una confirmación de que la política
económica neoliberal basada en el crecimiento sostenido,
conduce a una concentración cada vez mayor de la riqueza,
aumenta la diferencia que existe entre la renta de los distintos
sectores de la población, y condena a la mayor parte
de la población a una vida basada en la lucha por la
supervivencia.
En este sentido exogimos que los gobiernos
cumplan con los compromisos firmados en las múltiples
cumbres mundiales sobre desarrollo social, alimentación,
mujer, infancia, etc. Y con los compromisos sobre Ayuda Oficial
contraídos ante Naciones Unidas, y como es el caso
español ante su población y sus electores.
Denunciamos que el desarrollo que no revierte
en una mejora de las condiciones de vida de la población
no puede ser calificado como tal, y que este ha de priorizar
la seguridad alimentaria y la garantía de acceso a
la educación, la atención sanitaria y al trabajo,
la atención a las poblaciones campesinas e indígenas
y ha de promover una verdadera reforma agraria, que empiece
por solucionar el problema de la propiedad de la tierra. Así
mismo, debe priorizar, el compromiso de construir un nuevo
paradigma de desarrollo que modifique las relaciones de poder
actuales, basadas en la subordinación de unos países
a otros.
Por más que el sistema se esfuerce
en inhibir responsabilidades, es inadmisible la aceptación
de esa realidad en aras del libre mercado, exigimos la intervención
de los gobiernos de los países industrializados, los
únicos que tienen instrumentos para avanzar en la solución
del problema y exigimos el cumplimiento por el Gobierno Español
de los compromisos asumidos por el propio Parlamento y demandados
por la sociedad, en materia de cooperación internacional.
Denuncia sobre la deuda externa
La deuda externa es un mecanismo para la
expoliación de la riqueza que generan los países
en desarrollo, para la imposición de las políticas
neoliberales de globalización económica a estos
países, y una forma de socializar las pérdidas
que los intereses privados generan. La mayoría de los
países en desarrollo viven en una situación
de quiebra económica, obligados a pagar unas cantidades
que superan sus posibilidades económicas, por lo que
no tienen otra alternativa que recurrir a la contratación
de nuevos préstamos para hacer frente a los pagos atrasados,
lo que les lleva a un endeudamiento creciente, insostenible,
impagable y eterno.
Basta con ver la evolución de la deuda
desde que esta se ha convertido en un problema para el desarrollo,
en 1970 la deuda era de 68 mil millones de dólares,
los países estaban en plena época desarrollista,
entre las dos décadas (la del 60 y la del 70) más
prósperas y con mayores esperanzas de futuro para estos
países. A finales de la década del 70, la deuda
había crecido hasta los 577 mil millones, era aún
una deuda sostenible si se hubieran mantenido los términos
en que fue contratada. Los años ochenta son conocidos
como la década perdida para el desarrollo, la deuda
se convirtió en impagable y alcanzó tales proporciones
que se convirtió en uno de los principales obstáculos
para el desarrollo, en esa década los países
en desarrollo pagaron una factura del orden de 1 billón
300 mil millones de dólares, en concepto de pago del
servicio de la deuda, aún así la deuda al final
de la década (en el 90) había crecido hasta
1 billón 420 mil millones. Hoy día ya está
situada en 2 billones 170 mil millones de dólares.
Las principales causas de la deuda podrían
ser clasificadas en tres grupos, los gastos improductivos
efectuados por los países, las causas externas o no
controlables por los países endeudados y las políticas
de socialización de pérdidas. En el primer bloque
cabría enumerar a los consumos de lujo de las élites
pudientes de estos países, consumos generalmente de
productos importados cuya adquisición desequilibra
las balanzas comerciales de estos países, estos desequilibrios
han de ser cubiertos con préstamos internacionales.
Lo mismo ocurre con las inversiones improductivas en compra
de armamento, la situación se agrava si los “generales”
se deciden a utilizar “sus juguetes”, en ese caso
el coste económico y social se puede multiplicar hasta
la paralización del país.
En el segundo conjunto de causas ajenas al
país, cabe enumerar en primer lugar las subidas del
precio del petróleo de 1973 y 1979, en la primera el
precio se multiplicó por cuatro y en la segunda se
volvió a multiplicar por 1.7, la factura del petróleo
que tenían que pagar los países se multiplicó
igualmente, estos debían de optar entre su paralización
o su endeudamiento exterior. La multiplicación del
precio del petróleo revertió en un profundo
deterioro de los llamados términos de intercambio,
los productos manufacturados (para estos países la
mayoría de los productos importados) entraron en un
proceso de elevación continuada de precios, mientras
los productos básicos y las materias primas entraban
en un proceso de descenso de precios, la necesidad de hacer
frente a pagos de deuda más elevados llevaba a estos
a exportar todo lo que podían (materias primas y productos
básicos), con lo que los precios aún se precipitaban
más hacia abajo. En este segundo bloque hay que citar
también los cambios en los tipos de interés
(se multiplicaron por cuatro de finales del 70 a primeros
del 80), lo cual precipitó la crisis de la deuda del
año 82, se popularizó (por inevitable) la adquisición
de nuevos préstamos para hacer frente al pago de deudas
impagables, provocando a partir de ahí la catástrofe
económica de esa década y la multiplicación
de la deuda. No puede dejar de enumerarse también la
fuga de capitales como una de las causas fundamentales de
la deuda, los recursos generados en estos países buscan
normalmente la solvencia y la seguridad de bancos extranjeros
donde rentabilizarse, privando así a estos países
de una fuente de ahorro interno imprescindible para el autofinanciamiento
del propio desarrollo, ello implica que cualquier inversión
habrá de ser financiada con apoyo desde el exterior,
esta fuga se multiplica con la inestabilidad económica
y social, es decir con la pobreza.
Pero no son estas todas las causas, la socialización
de pérdidas es un factor muy importante para explicar
la magnitud de la deuda, es práctica habitual, ya lo
era en la década del 60 y del 70 que el estado figure
como aval de las concesiones exteriores de préstamo
a agentes privados, sea para inversiones productivas o para
transacciones comerciales. De esta manera las inversiones
fallidas o la insolvencia de estos agentes hará que
la deuda revierta en deuda pública.
Denuncia sobre las políticas
de ajuste estructural
Son la peor cara de la deuda, revelan el
carácter más inhumano y antisocial de las políticas
económicas neoliberales. En la Roma de Espartaco, cuando
alguien contraía una deuda que no podía pagar,
ni tenía credenciales que le avalaran, se convertía
en esclavo, y quedaba obligado a esta condición hasta
el retorno de la deuda. La esclavitud hoy es condenada y sería
repudiada en cualquier foro internacional, pero el sistema
financiero ha envuelto sus decisiones y sus prácticas,
en un discurso de confusión de la democracia con el
libre mercado y con la libre competencia, que hace que prácticas
que conducen al empobrecimiento y a la perdida de recursos
de vida de las poblaciones de los países en desarrollo,
a la pérdida de soberanía de estos países
o lo que es lo mismo a la esclavitud económica, a la
precarización y a la destrucción del empleo,
que colocan a la humanidad a las puertas de una catástrofe
ecológica, sean consideradas como prácticas
democráticas que consisten en el aprovechamiento de
“oportunidades de mercado”.
Cuando algún delincuente mata por
alguna deuda impagada, la ejecución se llama ajuste
de cuentas; y se llama plan de ajuste la ejecución
de un país endeudado, cuando la tecnocracia internacional
decide liquidarlo....La economía internacional es la
más eficiente expresión del crimen organizado.
Eduardo Galeano
Las medidas comúnmente propuestas
cuando un país es sometido a un plan de ajuste bajo
los auspicios del FMI, pretenden la reducción del déficit
presupuestario mediante la limitación del gasto público,
esta limitación se consigue con despidos, en ocasiones
masivos de todas las áreas de la administración
del estado, con recortes en los programas sociales y los proyectos
de desarrollo, incremento de la presión fiscal a través
del aumento de los impuestos indirectos, implantación
de tarifas en los servicios de salud y aumento de las tarifas
en los demás servicios públicos.
Otro paquete de medidas pretende reducir
la inversión interna, sobre todo si no se trata de
sectores dedicados a la exportación, para ello se aumentan
los tipos de interés y se limita la masa monetaria
crediticia disponible, sobre todo para los pequeños
y medianos productores, se trata de desincentivar la inversión
y concentrar los recursos en los sectores de exportación,
que son los que provocan divisas. También la mejora
de la competitividad de cara al exterior es importante, para
ello se recurre a la devaluación de la moneda y a la
reducción de los incrementos salariales, así
será más fácil vender en el extranjero.
Y por último la apertura del país
a los inversores extranjeros, ofreciéndoles las mejores
condiciones y garantías para sus inversiones: liberalización
de los mercados y reducción del control de precios,
libre circulación de capitales y actitud abierta frente
al capital extranjero, eliminación de controles sobre
el comercio exterior, etc.
Estas medidas hacen recaer el coste de la
deuda sobre los sectores de la población más
pobres, la supresión de programas y servicios de orden
social, la elevación de tarifas de los servicios públicos,
el aumento de los impuestos indirectos, la disminución
de los sueldos y el despido de los empleados públicos,
la desaparición de programa de financiamiento para
las pequeñas y medianas empresas/haciendas campesinas,
provoca un rápido descenso en las condiciones de vida
de la población, que en muchos casos llega a la inasistencia
en áreas básicas como la educación, la
sanidad, la seguridad alimentaria, etc.
Los distintos programas para la reducción
de la deuda, los Baker y Brady de EE.UU. en la década
del 80, los programas ASAF del FMI en esta década,
o la última iniciativa del G-7, la iniciativa HIPC
(para países pobres altamente endeudados), siempre
han adolecido y fracasado por la falta de recursos y voluntad.
Denunciamos en este sentido que la última
iniciativa hecha pública en 1996 en la reunión
del G-7, ni siquiera pretende solucionar el problema, sino
hacerlo “sostenible”, que para el FMI significa
que la deuda no sea superior al 250 por ciento de las exportaciones
y el pago del servicio de la deuda no supere el 25 por ciento.
Sin duda se trata de un objetivo que contiene mejoras respecto
a la situación actual, en parte porque hace un tratamiento
integral del problema y porque la reducción posibilitaría
un camino de salida. Sin embargo persiste en la propuesta
la escasez en la dotación de recursos para financiar
los proyectos de reducción de deuda, la apuesta por
la condicionalidad y el intervencionismo sobre las políticas
nacionales, el crecimiento sostenido como objetivo económico,
se trata de una propuesta limitada a países que posean
un certificado de buena conducta en sus relaciones con el
FMI (léase “buen historial en la aplicación
de ajustes y reformas”) y a demás requiere que
los países estén seis años demostrando
esa buena voluntad, aparte de los que tendrán que permanecer
haciendo cola para que les llegue el turno, falta en definitiva
voluntad para afrontar la solución del problema.
Denuncia sobre el libre mercado
y la libre circulación de capitales
Al sistema financiero en general y a su interlocutor
oficial el Fondo Monetario Internacional (FMI), no les ha
preocupado ni les preocupa en absoluto la situación
de descalabro social a la que están llevando a la mayor
parte de la humanidad, su única obsesión es
avanzar en la construcción de un mundo en el que la
democracia haya sido asemejada al mercado, la libre competencia,
la libre circulación de capitales y mercancias, y el
libre derecho de unos a apropiarse de los recursos de vida
de otros. El macro-proyecto de ingeniería financiera
llamado globalización se está saldando con vidas
humanas, con pobreza y con precarización del empleo,
esta poniendo en cuestión la propia existencia de los
estados nación como marcos para la organización
y la expresión social, ¿en qué puede
quedar la democracia cuando las políticas sociales
y económicas están dictadas desde el exterior
y no vinculadas a los programas políticos de los candidatos?,
¿Cómo afectará a las políticas
sociales de los países la reducción en la recaudación
de impuestos que supone la libre circulación del capital
y de los beneficios?, ¿Cómo podrán las
industrias nacionales competir con las industrias transnacionales
que declaran beneficios en paraísos fiscales?, ¿
cómo se explica que Liberia y Panamá sean los
países con las flotas navieras más importantes
del mundo?
Las nuevas reglas de juego permiten la fácil
evasión de impuestos a las grandes empresas transnacionales,
la declaración de las pérdidas en los países
con elevados impuestos y de los beneficios en aquellos donde
la fiscalidad es más débil, provoca una reducción
progresiva de los impuestos pagados por estas empresas, la
oficina de contabilidad del gobierno de EE.UU. calcula que
las tres cuartas partes de las empresas extranjeras implantadas
en este país no pagan impuestos. Hay voces que reclaman
cada vez más una fiscalidad global, que grave en su
conjunto los beneficios obtenidos por las empresas multinacionales,
y que grave también las inversiones extranjeras en
función del respeto a los derechos humanos, laborales
y mediambientales en los países de destino, como manera
de proteger la igualdad de oportunidad ante los mercados.
La libre circulación de capitales
está convirtiendo al mundo en un gran “casino”
libre de impuestos donde todo vale, la llamada tasa Tobin
se propone como un impuesto a aplicar a los beneficios obtenidos
por las transacciones en los mercados de cambio, generalmente
operaciones atribuibles al llamado capital especulativo, una
tasa de un 1 por ciento sobre los beneficios permitiría
una recaudación anual de 720 mil millones de dólares,
con los que podrían financiarse innumerables programas
de desarrollo (la llamada ayuda oficial al desarrollo aportada
en todo el mundo no alcanza a los 60 mil millones).
La mayor parte del capital especulativo mundial
está alimentado por los llamados fondos de pensiones
y fondos de inversión que alcanzan ya la cifra de 21
billones de dólares, cantidad próxima al valor
de toda la producción mundial y que son básicamente
el resultado de la capacidad de ahorro de los ciudadanos de
los países desarrollados. Es cada vez más imprescindible
fiscalizar la ética utilizada por los bancos en la
rentabilización del dinero que nosotros depositamos
en ellos. Y es necesario impulsar y apoyar la creación
y desarrollo de bancas éticas, alternativas y solidarias.
Por el derecho a la emigración
y contra la exclusión social
Los lamentables acontecimientos ocurridos
en el mes de julio en Terrassa, hicieron correr la tinta por
páginas de diarios, televisiones y radios, palabras
e imágenes dieron la vuelta al mundo, la exaltación,
la ofensa y los odios más viscerales se pusieron en
marcha, proyectando la imagen cruda de un conflicto, sin espacios
para la reflexión.
En necesario que las administraciones se
coordinen y desarrollen planes de integración para
los inmigrantes. Que los ayuntamientos elaboren planes de
intervención tanto en los ámbitos urbanístico
como social, con el fin de conseguir la cohesión comunitaria
y la integración social, incidiendo en los valores
de convivencia, respeto, civismo y multiculturalidad.
Es necesaria la revisión profunda
de la Ley de Extranjería, concebida como instrumento
de actuación policial para la contención de
la inmigración, ha de ser reconvertida a una ley para
la integración, reconociendo entre otros, el pleno
derecho a la atención sanitaria, a la atención
jurídica gratuita cuando se carezca de recursos, a
la educación, a la atención social, el derecho
al voto y a la libre circulación por el territorio
español. Condenamos la actitud del Gobierno y de sus
socios de gobierno en el proceso de trámite y negociación
de esta Ley.
La inmigración casi siempre se suma
a los problemas ya existentes de pobreza y marginalidad en
nuestra sociedad, y a veces genera problemas de convivencia.
Sin duda es mucho más fácil pregonar por la
integración en los centros de las ciudades, las zonas
residenciales o los círculos intelectuales, que en
los barrios periféricos y en las zonas marginales donde
predomina la desatención social. Es por eso que la
lucha por el derecho a la emigración, contra la pobreza,
por una vivienda digna, contra la precarización del
empleo o en defensa de la enseñanza pública,
por la cooperación internacional, son una misma cosa,
la lucha contra la sociedad dual.
La pobreza en nuestro país es una
tendencia en alza, 8.5 millones de personas viven por debajo
de los límites de pobreza, situado en la mitad del
salario mínimo 44.200 pesetas al mes, y 1.2 millones
viven con menos de la mitad de esa cantidad. Cuanto más
pobre es la población, más joven es, las 530
mil personas que viven en situación de extrema pobreza,
menos de 13 mil pesetas al mes, tienen una edad media de 22
años y el 48 por ciento tiene menos de 14 años.
Y esto en una situación de crecimiento continuado del
PIB, de bonanza económica y en que "todo va bien".
Más allá de la pobreza en nuestro
país, la emigración se explica por las condiciones
de vida en los países de origen. Según Naciones
Unidas, 3.000 millones de personas -la mitad de la humanidad-
viven en condiciones de pobreza y 1.300 millones en situación
de pobreza extrema, la misma cantidad no tiene acceso a agua
potable, 2.600 millones no tienen acceso a instalaciones sanitarias,
2.000 millones no disponen de electricidad. La pobreza es
la situación más frecuente en cuanto a condiciones
de vida, la mayor parte de la humanidad tiene negados lo que
son derechos básicos, y la emigración se transforma
en una manera de garantizar la supervivencia de los emigrantes
y sus familias. Si bien la mayor parte de las personas que
viven en estas condiciones nunca conseguirán los recursos,
ni siquiera para acercarse a las fronteras de los países
ricos. En estas condiciones el DERECHO A LA EMIGRACIóN
y el derecho a la LIBRE CIRCULACIóN de las personas
son derechos inalienables.
Denuncia sobre la feminización
de la pobreza
De los 1.300 millones de personas que viven
en la pobreza absoluta más del 70% son mujeres. La
creciente pobreza de la mujer se ha atribuido a su desigual
situación en el mercado laboral, la forma en que se
la trata en el sistema de bienestar social y su condición
y falta de poder en la familia.
Según las estadísticas sólo
el 37% de la mujeres del mundo están económicamente
activas, percibiendo las ¾ partes del salario medio
masculino. Trabajando, en la mayoría de las ocasiones,
como mano de obra barata, como puede ser el caso de superexplotación
que sufren las mujeres que trabajan en las “maquilas”
de México y Centroamérica. Sin embargo, si tenemos
en cuenta las actividades económicas no remuneradas
( que son las que van ligadas íntimamente al desarrollo
humano, como son la reproducción, el cuidado de los
hijos y las hijas, los ancianos y ancianas ) éstas
suponen el 55% del trabajo que se hace en el mundo.
Según Naciones Unidas más de
2/3 de las 960 millones de personas analfabetas adultas de
todo el mundo son mujeres. Se ha demostrado que en un año
adicional de escolaridad eleva el salario de una mujer en
un 20% en Paquistán, reduce las tasas de fecundidad
entre un 5 y un 10%. Los hijos-hijas de mujeres educadas tienen
además menos posibilidades de morir cuando son lactantes
y los que sobreviven son más saludables.
Según la OMS cada año mueren
medio millón de mujeres por causas relacionadas con
el embarazo y el parto, el 99% de ellas pertenecen a los países
en vías de desarrollo. Para muchas mujeres la prevención
de embarazos no deseados, o la propia protección contra
los contagios es difícil y a veces imposible. Se calcula
que para el próximo año habrá casi 14
millones de mujeres seropositivas (el 50% de la población
afectada), y aproximadamente, 4 millones habrán muerto.
Uno de los terrenos donde se manifiesta crudamente
la privación que sufren las mujeres en relación
al desarrollo humano, es la violencia ejercida contra ellas.
La violencia contra las mujeres es la expresión más
brutal de las relaciones de poder que existen entre hombres
y mujeres, y reflejan la consideración y posición
que las mujeres tienen en una sociedad. Desde la infancia
hasta la madurez, las vidas de muchas mujeres del Tercer Mundo
están ensombrecidas por la amenaza de la violencia
que, en algunos casos, comienza incluso entes del nacimiento.
En ciertos países se utilizan pruebas para determinar
el sexo del feto; si es femenino, puede ser objeto de aborto.
En Asia se llega al infanticidio femenino y se descuida la
nutrición de las niñas. Según la economista
Amartya Sen, se calcula que en el mundo “faltan”
100 millones de mujeres, porque han muerto prematuramente
como causa de la discriminación.
Así mismo, y según Naciones
Unidas, aproximadamente 1 millón 500 mil menores, mayoritariamente
niñas, se ven obligadas a ejercer la prostitución,
algunas de ellas son incluso vendidas por sus propias familias.
No olvidamos otra forma de violencia ejercida y justificada
por razones culturales como puede ser la circuncisión
femenina que afecta entre 85 y 114 millones de mujeres y niñas
en todo el mundo.
La violencia ejercida como consecuencia de
los conflictos bélicos armados recae en numerosas ocasiones
contra las mujeres y los niños y niñas. Son
las víctimas de desapariciones, mutilaciones, torturas
y desplazamientos. Recordemos que el 80% de los 25 millones
de personas refugiadas en todo el mundo son mujeres, niños
y niñas.
Se calcula que un tercio de los hogares del
mundo están encabezados por una mujer. En América
Central y en algunos países africanos la cifra alcanza
el 50% de los hogares debido a la participación de
los hombres en los conflictos bélicos o la emigración
de éstos buscando mejores salarios. Si tenemos en cuenta
que las mujeres no son las propietarias de la tierra, que
carecen de los conocimientos necesarios sobre tecnología,
la gran dificultad que tienen para conseguir créditos
y ayudas, así como el acceso a trabajos de baja remuneración
su situación las lleva al empobrecimiento y la marginación.
Para evitar una situación desesperada
de pobreza y búsqueda de una vida mejor, muchas mujeres
emigran a países del Norte. En el Norte su vida tampoco
es fácil, a las dificultades que origina el no conocimiento
de la lengua (problemas de comunicación en la vida
cotidiana, cuando necesita asistencia sanitaria, por cuestiones
administrativas, educativas, etc.), se añaden la dificultad
de encontrar trabajo. Cuando pueden acceder a alguno, en muchas
ocasiones, es en condiciones de explotación y baja
remuneración. En el peor de los casos acaba ejerciendo
la prostitución. Su integración en la sociedad
es mucho más difícil que la del hombre emigrante:
acceden en menor número a la enseñanza, así
como a la formación ocupacional, para aprender el idioma,
etc.
Por último, constatar la poca presencia
de las mujeres en los órganos de decisión política,
ya que sólo ocupan de media un 10% de los escaños
parlamentarios y un 6% de los ministerios de cada país.
Denunciamos que cuando se habla de desarrollo
humano no se tenga en cuenta como indicador todo el trabajo
reproductivo y de cuidadoras que realizan las mujeres. Es
necesario incorporar un indicador que dé cuenta de
este trabajo y de su evolución dentro del indicador
de género utilizado por el PNUD.
Denunciamos la falta de análisis desde
el punto de vista de género, de la estrategia antipobreza
que considera que la subordinación de las mujeres es
debida, sobre todo, a su pobreza y no a las desigualdades
de clase y género que enfrentan las mujeres pobres.
En numerosas ocasiones los proyectos dirigidos
a mujeres se hacen teniendo en cuenta, única y exclusivamente,
su papel de madres y la de satisfacer las necesidades familiares.
Reivindicamos y pedimos el apoyo al papel
de las mujeres en la economía, ya sea rural o urbana.
El acceso a la tierra, a créditos, a la formación
, a la tecnología y al control sobre sus rentas mejorarían
las condiciones de vida de muchas mujeres y de sus familias.
Obtendrían mayor autonomía y libertad para desarrollar
sus vidas.
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